Uno de los debates más frecuentes en torno a la política educativa en nuestro país es su falta de continuidad, solemos pensar que seis años son muy pocos como para que una política pública brinde frutos.
Los docentes cuestionan que la asimilación de las reformas es progresiva y gradual, y cuando han adquirido la experiencia y reconocido las directrices y lineamientos de la misma, concluye el sexenio y un nuevo gobierno implementa otro plan de acción.
Este planteamiento nos hace reflexionar varias cosas, la más evidente aquello que recomendó Fernando Reimers, en el sentido de que a las políticas públicas hay que darles el tiempo necesario para que tengan el éxito que de ellas se espera.
Pero, también es posible pensar en la conveniencia de no mantener una política pública por un periodo prolongado.
En septiembre 2023 en el marco del arranque de los programas cuatrimestrales de los Posgrados en Desarrollo Humano de la Universidad Intercontinental, el Dr. Rubén Altamirano presentó la conferencia magistral titula “Aportes y retos para la intervención y la innovación educativa en el marco de la Nueva Escuela Mexicana”, en ella citó el caso de una escuela canadiense que cambiaba su modelo educativo con relativa frecuencia y la razón que argumentaba es que la sociedad no es estática; por el contrario, es dinámica, cambiante.
Las demandas de padres de familia y las necesidades de los alumnos no son siempre las mismas. En este sentido, creo que también podemos pensar en la posibilidad de contar con políticas educativas que se vayan adaptando a la realidad social, cultural y política que el país vaya presentado.
Entonces, persiste la pregunta, ¿a las políticas públicas le damos continuidad o pensamos en un cambio rápido de paradigma? En las líneas siguientes trataré de esbozar una respuesta.
Es indiscutible que un gobierno entrante busque legitimidad entre los ciudadanos, y una manera de hacerlo es distanciarse de aquellas decisiones tomadas en el régimen anterior.
Lo cuestionable aquí es que en ese afán no hay un ejercicio de evaluación libre de prejuicios y se dé continuidad a aquellos programas o políticas que han mostrado atenuar un problema o que estén en vías de resolverlo.
Se podrá argumentar por otra parte, que durante el periodo conocido como neoliberal se plantearon una serie de reformas encaminadas a educar los cuadros que demandarían las empresas, y en este marco se modificó el curriculum a nivel básico y medio superior para privilegiar a las ciencias duras o que se buscó atraer a los mejores candidatos al sistema educativo nacional mediante los concursos de oposición, todo con la finalidad de alcanzar la ansiada “calidad” en la educación.
Sin embargo, los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas seguían mostrando un rezago importante en los aprendizajes y en las destrezas de los alumnos. Bajo este evidente fracaso, es lógico pensar en un viraje de timón y un cambio de ruta. No obstante, ¿cuándo optar por la continuidad y cuándo por el cambio?
Me parece que la respuesta se encuentra en función de la definición clásica de política pública:
… Un programa instrumentado por el Estado para resolver un problema público. Esta acción demanda un seguimiento puntual y una evaluación, la cual debe ser organizada por una institución autónoma, totalmente independiente de la influencia gubernamental.
Una evaluación transparente podría revelar si el programa está cumpliendo con los objetivos y cuáles serían las áreas de oportunidad o aspectos a mejorar.
La solución de un problema no suele venir de forma inmediata, máxime en países como el nuestro en donde impera la corrupción y la impunidad, empero eso no debe ser motivo de desaliento.
Un compromiso político para que las cosas funcionen deben suscribirlo tanto las autoridades como ciudadanía; es decir, depende en buena medida de nosotros mismos si queremos que las soluciones lleguen de manera temprana o que se extiendan en el tiempo.
El 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.
El nuevo marco legal se puede entender desde los aspectos ético-jurídicos, pedagógicos y metodológicos que fundamentan la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM).
Las modificaciones constitucionales dieron paso a una serie de reformas en las leyes que regulan la educación en México. La nueva legislación constituye el marco legal que rige al Sistema Educativo Mexicano (SEM), sus agentes, fines y funciones, así como el diseño de planes, programas, currículo, criterios para la formación docente, entre otros.
En específico, se debe considerar que las modificaciones al artículo tercero constitucional y las leyes derivadas, nos revelan el tipo de ciudadano mexicano que el gobierno actual considera se debe formar a futuro, a partir de los principios y valores éticos, jurídicos, pedagógicos y técnicos de la nueva política educativa mexicana.
Ahora bien, los especialistas se han dado a la tarea de indagar si dichas reformas en verdad constituyen un parteaguas, un antes y un después, en el sistema educativo mexicano.
Por ello conviene profundizar en el estudio de la nueva política educativa, de lo que ahora se llama la Nueva Escuela Mexicana, lo cual forma parte de las discusiones, análisis y reflexiones en el Doctorado en Educación que ofrece la Universidad Intercontinental, en la acentuación de Política Educativa y Gestión Escolar.
Desde el diálogo académico se pueden ubicar las novedades, los avances, las innovaciones introducidas por el legislador; así como aquellos aspectos que podrían mostrar los muchos pendientes que hay en nuestro sistema educativo.
Agenda una sesión informativa del Doctorado en Educación con modalidad a distancia, con un asesor educativo y sé parte del grupo de investigación que aborda esta problemática en el país.
Autor. Juan Alfonso Milán López. Profesor de los posgrados en educación de la UIC. Investigador de la BUAP y candidato al SNI.